Los conflictos sociales, son un fenómeno recurrente en un país cuyos problemas se evidencian en instituciones débiles y que tienen causas diversas (sociales, económicas, ambientales) que repercuten en la vida de miles de personas. Este fenómeno no solo representa un problema en sí, evidencia desigualdades estructurales que han sido ignoradas a lo largo de los años en diversos discursos de avances económicos como la solución a todos los males del Perú.
El Perú enfrenta un panorama social desalentador, marcado por una preocupante escalada de conflictos. La ineficacia de las políticas públicas y la falta de compromiso de las autoridades políticas en los últimos años han sido factores cruciales en este aumento. De hecho, entre 2020 y 2023, el número de conflictos sociales se incrementó progresivamente, alcanzando uno de los picos más altos de la última década
Según datos de CEPLAN, al cierre de 2023 se registraron 221 conflictos sociales. Esta cifra, alarmantemente alta, subraya la creciente conflictividad que experimentaba el país. A pesar de los esfuerzos y acciones emprendidas por diversas autoridades en los últimos dos años para reducir el número de conflictos, la persistencia de estas cifras evidencia la magnitud del desafío y la necesidad de abordar las causas subyacentes de la inestabilidad social.
A pesar de que hemos experimentado una disminución en el número de conflictos a lo largo del 2024, nuestro país sigue presentando un número elevado de conflictos sociales, ya que, según la Defensoría del Pueblo, se registró un total de 196 conflictos a finales de diciembre de 2024, abarcando cada rincón del país y evidenciando la crítica situación que viven millones de peruanos. Esta situación se ve agravada por la limitada participación de los gobiernos regionales en atender las quejas de los ciudadanos, estas acciones tienen una mayor incidencia en la conflictividad cuando se tiene como causa principal o de reclamo de los ciudadanos, el acceso a los recursos naturales o actividades mineras realizadas por empresas.
Un claro ejemplo de la ausencia de soluciones a los conflictos sociales es el departamento de Loreto, que, según la Defensoría del Pueblo, representaba hasta diciembre de 2024 el 15 % de los conflictos en el país, con un total de 31, y de los cuales 13 eran de tipo socioambientales. Esto se debe, en parte, a que sus principales actividades económicas son la extracción de los hidrocarburos, actividad que suelen afectar el medio ambiente y la salud de las comunidades que se encuentran alrededor
Es insuficiente ver el problema desde la causa que genera el conflicto, pero no del resto de los factores estructurales que inciden en la diferencia entre los actores implicados, implica no ver el panorama completo y desorganización de las instituciones públicas, que tiene como resultado un cumplimento a medias de los acuerdos y representa una probabilidad que retorne el conflicto dentro de las comunidades. Por ello, es necesario replantear la forma en que se entienden y gestionan los conflictos sociales donde los conflictos no se repitan, sino que se transformen en oportunidades de cambio y desarrollo para las comunidades.
