Escrito por: Imposturas Políticas
El 21 de marzo, el Congreso de la República instaló la Comisión Especial Multipartidaria de Reforma Integral del Sistema de Administración de Justicia, encargada de presentar una propuesta de reforma en el plazo de 90 días. Dicha reforma podría incluir, entre sus recomendaciones, el cese masivo de fiscales y jueces.
De este modo, una vez más, el Congreso de la República busca concentrar más poder y reducir el poder de instituciones que puedan hacer contrapeso al poder del Legislativo.
La concentración del poder y la restricción del control son características del denominado autoritarismo legislativo, Sosa, Incio y Arce (2025), régimen híbrido que constituye una de las categorías más precisas para explicar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en contextos como el Perú donde, pese a la vigencia formal de mecanismos democráticos, el Congreso ejerce un poder desmedido que debilita los contrapesos institucionales y erosiona la calidad democrática.
La Comisión apuntaría directamente a reducir la capacidad de control de instituciones como el Poder Judicial y el Ministerio Público, las cuales, a diferencia del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, representan la resistencia a los intereses del Legislativo. Esta oposición se refleja, por ejemplo, en las denuncias constitucionales presentadas por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra 22 congresistas en ejercicio, así como la conformación, desde el Poder Judicial, de una comisión destinada a evaluar las leyes aprobadas por el Congreso y el Ejecutivo.
El resultado inmediato que esperaría el Congreso seria intimidar y doblegar la resistencia de jueces y fiscales a los intereses del Legislativo, con el propósito final de “capturar” estas instituciones y alinearlos al proyecto reeleccionista de los partidos políticos con representación parlamentaria ante las próximas Elecciones Generales 2026.
El autoritarismo legislativo peruano o el desmedido poder de nuestro Congreso, se ve favorecido por la débil capacidad de la sociedad civil para frenar estos excesos mediante la movilización ciudadana, la cual, salvo algunas convocatorias mediáticas, ha perdido intensidad y capacidad de convocatoria. Además, la ausencia de un partido de gobierno ha obligado al Ejecutivo a ceder ante el Congreso con el fin de poder “gobernar”.