Escrito por: Imposturas Políticas
Recientemente, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, propuso en una entrevista con RPP el adelanto de Elecciones Generales como una salida política ante el creciente malestar por la inseguridad ciudadana. Sin embargo, ¿es realmente viable esta propuesta?
La respuesta es no. Ni el gobierno ni el Congreso tienen incentivos para adelantar las elecciones, ya que esto pondría en riesgo la continuidad de sus mandatos. El Ejecutivo tiene garantizada su permanencia en el poder al menos hasta julio de 2025, dado que la Constitución prohíbe la disolución del Congreso en su último año de funciones. Esto otorga a los parlamentarios la seguridad de que su periodo (2021-2026) se mantendrá intacto, permitiéndoles mantener su capacidad de redefinir las reglas electorales para el 2026 en favor de los intereses electorales de sus organizaciones políticas.
El próximo 12 de abril es la fecha límite para que la presidenta convoque a las Elecciones Generales 2026. A partir de ese momento, la necesidad de sostener el pacto entre el Ejecutivo y el Legislativo se reduce, marcando el principio de un fin, lo que propiciará una radicalización de las estrategias políticas. Entre abril y julio de este año, se estima que los partidos políticos con representación parlamentaria intensifiquen su discurso contra el gobierno, no solo para marcar distancia, sino para construir una narrativa que les permita posicionarse de cara a la próxima contienda electoral.
En este escenario, la carrera por censurar al ministro del Interior se perfila como el primer paso de esta estrategia de distanciamiento estratégico del gobierno. Sin embargo, esta movida ya había sido anticipada por Keiko Fujimori el pasado 3 de marzo en su cuenta de TikTok, donde calificó de "cuento" la idea de que Fuerza Popular controla el Congreso. Con esta declaración, Fujimori dejó entrever el fin del pacto entre su bancada y otras fuerzas aliadas (APP, RP, PL), el mismo que ha permitido al gobierno bloquear a la oposición desde que asumió el poder el 7 de diciembre de 2022.
En definitiva, el escenario político apunta a un creciente distanciamiento entre el Congreso y el gobierno, con miras a las elecciones de 2026.