La extorsión en el Perú ya no es una noticia aislada ni un hecho policial pasajero. Se ha convertido en un miedo del día a día que carga un transportista cada vez que enciende su combi, en la angustia de una comerciante que contesta una llamada de un desconocido, en el temor de una madre que duda si sus hijos estarán seguros al salir del colegio. Esa violencia repetida no es solo un delito común, es el ejemplo más claro de que el Estado ya no cumple su función esencial y que las mafias han ocupado su lugar con una eficiencia que las instituciones han perdido.
Se anuncian planes de seguridad que terminan reducidos a discursos baratos dados por el gobierno. El Ministerio del Interior promueve operativos que duran lo mismo que la presión mediática. Muchos alcaldes optan por hacer de la vista gorda y tolerar el avance de las mafias, convirtiéndose en cómplices a través de su inacción. En ese vacío de autoridad, los extorsionadores dictan reglas, cobran cupos y establecen castigos. Son ellos quienes organizan la vida diaria de los ciudadanos en varios distritos del país, levantando un poder paralelo que desplaza al Estado con una facilidad alarmante.
La corrupción policial y la debilidad de las fiscalías terminan de consolidar este escenario, ya que no se trata únicamente de sospechas, sino de hechos. Recientemente seis policías fueron capturados en San Juan de Miraflores, acusados de integrar una banda criminal dedicada a la extorsión y al tráfico de drogas. A pesar de que ellos son quienes deberían combatir el crimen terminan asociados a él, creando así una línea entre autoridad y mafia que cada vez se vuelve más estrecha, haciendo que la ciudadanía reciba como mensaje que el Estado no es confiable ni siquiera dentro de sus propias fuerzas del orden.
Los hechos de violencia completan el cuadro. En Carabayllo un mototaxista fue asesinado por sicarios después de negarse a pagar el cupo exigido por una banda. Días antes, en El Agustino, un chofer de bus corrió la misma suerte en un ataque que incluso desató una balacera en plena calle. Aún más alarmante, surgen modalidades de extorsión cada vez más peligrosas, como colocar explosivos para sembrar miedo en vehículos de transporte público, obligando a los choferes a pagar cuotas bajo amenaza directa de detonación. Esta nueva estrategia no solo muestra la audacia de los criminales, sino también la vulnerabilidad absoluta de los ciudadanos.
Las cifras en Lima revelan que no se trata de hechos aislados. Entre enero y julio de 2025 las denuncias por extorsión crecieron 54,5 por ciento respecto al mismo período del 2024. Solo en junio se registraron más de dos mil denuncias, lo que equivale a sesenta y nueve casos diarios. Detrás de esos números tenemos a los transportistas obligados a pagar cuotas semanales, los pequeños comerciantes que abren sus puestos bajo amenaza y colegios que aceptan chantajes para poder trabajar. No estamos hablando de delitos dispersos sino de un sistema criminal que se expande y reemplaza al Estado.
El costo político de esa ineficacia es gigante. La democracia se debilita cuando la gente confía más en pagarle a una mafia que en acudir a la policía, cuando un extorsionador parece más leal a su palabra que un alcalde o un ministro. El miedo se convierte en la norma, el chantaje en una rutina y la violencia en la forma de gobierno más visible. Lo que se cae no es solo la seguridad ciudadana, también la legitimidad de las instituciones que deberían sostener el orden.
Y como si la debilidad institucional no fuera suficiente, las leyes a veces terminan jugando del lado equivocado. La Ley 32108 es un ejemplo claro porque redefinió la organización criminal con requisitos tan estrictos que en la práctica excluye a muchas bandas dedicadas a la extorsión y el sicariato. Al elevar formalismos y limitar medidas urgentes de investigación, esta norma obstaculiza la respuesta del Estado y se convierte en un regalo involuntario para quienes viven del negocio del miedo. Con herramientas legales debilitadas y autoridades incapaces, no sorprende que las mafias actúen con tanta libertad.
