Escrito por: Diego Florez
En los últimos meses han ocurrido hechos que, en otros contextos, habrían generado protestas políticas nacionales y masivas contra la legitimidad del régimen e incluso estallidos sociales. Desde el Congreso, se desconocieron los resultados del referéndum de 2018 y, mediante la Ley 31988, se restableció la bicameralidad y la reelección inmediata de congresistas, se aprobó recientemente la primera votación de la reforma constitucional que restablece la inmunidad parlamentaria.
Por parte del Ejecutivo, se promulgó la Ley 32419, que otorga amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas y de la PNP, lo mismo con la Ley 32107, que declara la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002, oficializaron el incremento del sueldo de la presidenta de la República, y recientemente acaban de crear el “Grupo de Trabajo Multisectorial para el análisis y propuesta de la Ley de Soberanía Nacional”, que podría proponer el retiro del país de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sumado a ello, el 96% de encuestados por Ipsos en agosto del presente año desaprueba la gestión de la presidenta de la República, llegando incluso al extremo de tener una aprobación de 0% en el norte del país. En ese mismo sentido de mínima aprobación, solo el 7% aprueba la gestión del Congreso de la República.
Queda preguntarnos ¿Por qué no se registran protestas masivas contra la legitimidad del régimen? Sostenemos que, tras el estallido social ocurrido entre el 2022 y 2023, se fueron reduciendo las “oportunidades políticas” para protestar contra el régimen, lo que permite explicar el “declive de las protestas políticas”.
Antes del estallido social
Para Durand (2023), el estallido social de diciembre de 2022 fue la consecuencia de un proceso de “politización” que se desarrolló durante los meses previos. Según la autora, durante la campaña electoral de 2021, las organizaciones sociales vinculadas tanto a Pedro Castillo como a Keiko Fujimori construyeron un “nosotros” en oposición a un “adversario” común. Estas pugnas no se disiparon tras las elecciones, por el contrario, se intensificaron luego que Pedro Castillo asumiera la presidencia de la República.
Entre julio del 2021 y diciembre del 2022, fueron constantes las protestas de simpatizantes de Pedro Castillo y Keiko Fujimori, expresándose en movilizaciones, marchas, concentraciones e incluso enfrentamientos. Las organizaciones afines a Pedro Castillo protestaban en defensa del gobierno, mientras que las organizaciones sociales afines al fujimorismo denunciaban un presunto fraude electoral.
Luego de dos intentos de vacancia, Pedro Castillo, antes de que el Congreso lograra destituirlo en el tercer intento, decidió disolver el Congreso de la República, la medida fue calificada por los grupos de oposición como un “autogolpe de Estado”, lo que generó a partir del 07 de diciembre del 2022, protestas que se caracterizaron por su amplia cobertura territorial, masividad y episodios de violencia, el “estallido social” continuo con intensidad hasta el primer trimestre del 2023.
Post estallido social
Luego del “clímax” del estallido, se produjo lo que Tarrow (1994) denomina el “declive de las oportunidades”, cerrándose un periodo en el que los actores lograban superar con facilidad los costos de la acción colectiva motivados por lo que definieron una oportunidad de generar cambios.
Las oportunidades políticas, definidas por Tarrow como incentivos que facilitan la acción colectiva, nos permite comprender como se generaron expectativas de cambio que motivaron a los actores durante el estallido social del 2022 y 2023, para eso, debemos tener presente que en noviembre del 2020, la protesta social había logrado que Manuel Merino renuncie a la Presidencia luego de apenas cinco días en el cargo, por tanto, la protesta fue percibida masivamente como una posibilidad para generar cambios políticos.
Esa posibilidad se fue reduciendo, cerrándose la ventana de oportunidades políticas, por consiguiente, los costos para protestar se fueron elevando ante la represión policial y al paso del tiempo sin obtener resultados, ya que en noviembre del 2020 bastaron solo días para lograr la renuncia de Manuel Merino. A esos factores, se sumó que el Congreso bloqueo la demanda al rechazar mayoritariamente el adelanto de elecciones y la Asamblea Constituyente, principales demandas de las protestas.
El ciclo se repite
Tras el estallido estamos ante la aparente calma. De acuerdo con la Base de eventos de protesta (1980 - 2024) de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP, luego del estallido se redujeron los eventos de protestas, especialmente las protestas políticas dejaron de ser puntos articuladores para los actores, el tiempo de las oportunidades políticas termino, al menos, por el momento.
Esa dinámica de declive tras el “clímax del ciclo” de la protesta no es nueva, ocurrió tras la Marcha de los Cuatro Suyos, que marcó la pausa de las protestas políticas y el crecimiento de las protestas sociales.
Según Ilazarbe (2002), entre 1997 y 2000, se registraron 19 protestas prodemocráticas (políticas) que fueron preparando para lo que fue la protesta de la Marcha de los Cuatro Suyos de julio del 2000, el “clímax del ciclo”. Posterior a ello, y tras la convocatoria de Fujimori a nuevas elecciones para 2001, que era la principal demanda política de la época, las protestas pasaron de ser predominantemente políticas (contra el régimen) a ser protestas contra las políticas gubernamentales (protestas sociales).
Durante los últimos meses, las protestas convocadas por el Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú (CONULP), Comando Nacional Unitario de Lucha (CNUL), otros, no han logrado alcanzar a la masividad y cobertura territorial que caracterizaron a las protestas durante el estallido social. Actualmente, resulta poco probable que esto cambie en el corto plazo debido a que nos encontramos a ocho meses de la primera vuelta electoral, y las expectativas de un cambio político para los actores del sistema se concentran en el próximo proceso electoral, limitándose así que las oportunidades políticas puedan incentivar protestas contra el régimen.