En los últimos meses, el mundo ha sido testigo de movilizaciones masivas en apoyo a Gaza. Desde Sídney, donde entre 90,000 y 300,000 personas cruzaron el icónico Harbour Bridge exigiendo ayuda humanitaria y sanciones contra Israel, hasta Daca, donde multitudes marcharon por las calles en lo que se conoce como la Marcha por Gaza, estas protestas han demostrado que la solidaridad internacional no conoce fronteras. Pero la pregunta persiste; ¿han logrado realmente un cambio político?
Decenas de miles de personas marchan por Sídney en apoyo a Gaza, a 3 de agosto de 2025. | Europa Press
En algunos países, la presión ciudadana ha tenido efectos visibles. En Países Bajos, las llamadas Red Line Demonstrations, que reunieron hasta 100,000 personas, impulsaron al gobierno a revisar sus acuerdos comerciales con Israel. En Bangladesh, la multitudinaria marcha de abril derivó en una decisión simbólica pero contundente; reinstalar la frase “except Israel” en los pasaportes nacionales, reafirmando una postura diplomática clara.
En el contexto europeo, las protestas en Bruselas reunieron a más de 75,000 personas y elevaron la presión sobre la Unión Europea para discutir sanciones contra Israel, aunque todavía sin consenso. Por su parte, Irlanda, Noruega y España dieron un paso histórico en 2024 al reconocer oficialmente al Estado de Palestina, acelerando un proceso que llevaba años en debate y que las movilizaciones ayudaron a visibilizar. A esto se suman las intenciones de reconocimiento del Estado palestino por parte de Reino Unido y Francia en el año 2025, planteadas como medidas de presión sobre Israel y condicionadas al cese de sus ataques en Gaza. Sin embargo, en otros países la incidencia ha sido más limitada. En el Reino Unido, el gobierno respondió declarando terrorista al grupo activista Palestine Action, y en Estados Unidos el apoyo militar a Israel se mantiene, pese a que las protestas universitarias han desgastado políticamente a la administración. En Israel, las movilizaciones de familias de rehenes han ganado fuerza emocional, pero no han logrado frenar la ofensiva militar, evidenciando cómo, en contextos de conflicto directo, las prioridades de seguridad nacional prevalecen sobre las demandas sociales.
En síntesis, las protestas por Gaza evidencian que la movilización social puede convertirse en un catalizador de cambios concretos en política exterior, pero su eficacia no es uniforme. Depende de la apertura del sistema político, del peso geopolítico del país y de la capacidad de las movilizaciones para generar costos políticos internos que superen los beneficios de mantener el statu quo. Así, este tipo de acciones colectivas enfrentan un fenómeno dual: precipitar reconocimientos diplomáticos y revisiones de acuerdos, como en varios países europeos y asiáticos, o quedar relegadas a gestos simbólicos cuando chocan con intereses estratégicos profundamente arraigados. El verdadero reto para los movimientos sociales es trascender la visibilidad mediática y construir las condiciones políticas necesarias para que la indignación ciudadana se traduzca en decisiones estatales con impacto internacional.
