La capital nepalí fue escenario de disturbios que incluyeron la quema del Parlamento y de la residencia del primer ministro, tras la represión de manifestaciones contra la corrupción y el bloqueo de redes sociales. Por: Mery Jiménez
Las recientes protestas en Nepal, protagonizadas por una juventud cansada de promesas incumplidas, no pueden leerse como un estallido aislado. Por el contrario, son el reflejo de una historia política marcada por transiciones inacabadas, élites recicladas y una democracia que todavía lucha por dar frutos tangibles. Un ejemplo de ello fue la movilización de miles de jóvenes en Katmandú a mediados de 2025, quienes denunciaron la corrupción gubernamental y la falta de oportunidades laborales, exigiendo un cambio generacional en la conducción del país.
Tras una década de guerra civil (1996–2006), el país abolió la monarquía en 2008 y abrazó el ideal de una república federal democrática. La esperanza era enorme: un nuevo pacto político que traería estabilidad, desarrollo y mayor inclusión. Sin embargo, lo que siguió fue un ciclo de gobiernos frágiles y dominados por los mismos partidos de siempre. El Nepali Congress y los diferentes bloques comunistas han gobernado de manera intermitente, sin ofrecer una visión de país capaz de renovar la confianza ciudadana. La Constitución de 2015, uno de los hitos más importantes de la era republicana, prometió descentralización, igualdad y reconocimiento a minorías históricamente marginadas. Pero la implementación del federalismo ha sido lenta, desigual y en muchos casos frustrante. Un ejemplo claro lo constituyen las protestas Madhesi en el Terai, cuyos habitantes denunciaron que la nueva distribución federal los fragmentaba y reducía su representación política, además de mantener barreras en el acceso a la ciudadanía. Los enfrentamientos de 2015 dejaron aproximadamente 45 muertos y un bloqueo fronterizo que paralizó al país, evidenciando que las viejas dinámicas de exclusión seguían vigentes pese al nuevo pacto constitucional.
A esta fragilidad institucional se suma un problema que erosiona toda legitimidad: la corrupción. Los escándalos en los niveles más altos del Estado se repiten año tras año, alimentando la idea de que la política es un espacio de beneficio personal más que de servicio público. El clientelismo, por su parte, mantiene a los partidos girando en torno a redes de lealtades y favores, en lugar de políticas sostenidas para la ciudadanía.
En Nepal, los partidos políticos operan principalmente como plataformas de facciones internas y liderazgos personalistas, más que como organizaciones cohesionadas con programas ideológicos sólidos. Esta falta de institucionalización genera una fuerte dependencia de figuras individuales y rivalidades internas, lo que a su vez explica la inestabilidad gubernamental y la ausencia de políticas consistentes a largo plazo.
"En la práctica, se trata de un sistema caracterizado por la ‘rotación sin renovación’: los gabinetes cambian, pero las dinámicas políticas siguen siendo las mismas."
Otro aspecto fundamental es la tensión no resuelta entre democracia formal y democracia sustantiva. Nepal ha cumplido con los rituales de las transiciones democráticas: elecciones periódicas, promulgación de constituciones, descentralización en el papel. Sin embargo, estos elementos no se han traducido en una redistribución efectiva del poder ni en la inclusión real de los sectores marginados. La protesta juvenil pone en evidencia esa brecha: no basta con el marco institucional si las prácticas políticas siguen reproduciendo exclusiones. Ese déficit de legitimidad es peligroso: cuando la población deja de creer en la capacidad del sistema político para renovarse desde dentro, abre la puerta a la desafección democrática o a nuevas formas de movilización más radicales. Nepal ya ha experimentado esta dinámica en el pasado: el desencanto con la monarquía y los partidos tradicionales fue uno de los factores que alimentó la insurgencia maoísta en 1996, un conflicto armado que se prolongó por una década y dejó profundas heridas en la sociedad. Hoy, aunque las protestas juveniles no plantean un regreso a la violencia, sí expresan el mismo hartazgo frente a un sistema que no responde a las demandas sociales.
En este escenario, la juventud nepalesa, que constituye la mayoría de la población, se encuentra atrapada entre la falta de oportunidades, el desempleo y la necesidad de migrar al extranjero para buscar un futuro. Para ellos, el sistema político actual no solo recicla viejos liderazgos, sino que se niega a abrir espacios de verdadera renovación. Por eso, las protestas que hoy ocupan las calles son algo más que un rechazo momentáneo: son un grito generacional que reclama dignidad, oportunidades y un Estado que gobierne para la gente, no para sí mismo.
Las movilizaciones en Nepal, en última instancia, nos recuerdan una verdad incómoda: las transiciones políticas no se completan con la firma de una Constitución ni con el cambio de régimen. Requieren instituciones sólidas, liderazgos renovados y, sobre todo, un compromiso real con las mayorías sociales. Cuando ese compromiso falla, la calle se convierte en el único espacio para exigirlo.
